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TRABAJO LEGISLATIVO

PIDEN A SEGURIDAD PÚBLICA INFORME SOBRE USO DE LA

FUERZA EN CONTRA DE LA POBLACIÓN EN LA CAPITAL

  • En eventos del 1 de septiembre, 16 de octubre y 11 de noviembre

  • La fuerza debe usarse para preservar la paz y el orden solamente

 


CIUDAD DE MÉXICO.- El Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó en Sesión Ordinaria, como urgente de obvia resolución, un Punto de Acuerdo para que el Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, informe sobre el uso de la fuerza pública en contra de la población en los eventos registrados el día 1 de septiembre, 16 de octubre y 11 de noviembre del año en curso, en la capital del país.

El punto suscrito por el diputado Fernando José Aboitiz Saro, de la Asociación Parlamentaria de Encuentro Social, fue presentado en Tribuna por el legislador Miguel Ángel Álvarez Melo, también integrante de Encuentro Social.

“La fuerza pública es uno de los elementos del estado constitucional y un instrumento para que el Estado pueda alcanzar sus fines, como es preservar la paz y el orden público. En este sentido nos preocupa que se emplee la fuerza pública de manera arbitraria, de forma que violenten los derechos humanos a la cultura, a la protesta social y a la seguridad pública, en agravio de los habitantes dentro y fuera de la Ciudad de México”.

Explicó lo anterior el diputado Miguel Ángel Álvarez Melo al referirse a los eventos registrados en los últimos 90 días en Apatlaco, Iztapalapa, en la Colonia San Juan de Aragón en Gustavo A. Madero, así San Juan Ixhuatepec, Tlalnepantla Estado de México.

El primer evento, dijo, se trata de un agravio a los vecinos del pueblo originario de Apatlaco, de la Alcaldía de Iztapalapa, quienes el pasado 1 de septiembre del año en curso, después de haber obtenido el permiso de las autoridades para llevar a cabo la celebración del 25 aniversario de una fiesta patronal, de manera repentina el permiso les fue injustificadamente negado.

“Los vecinos al iniciar el festejo de su comunidad, como tradicionalmente lo han venido haciendo los últimos 25 años y en ejercicio de sus derechos colectivos como pueblo originario de Iztapalapa, fueron brutalmente agredidos y golpeados por elementos de la fuerza pública”.

El segundo hecho, ocurrió el 16 de octubre, cuando padres de familia indignados por el abuso sexual cometido en contra de 37 infantes en el jardín de niños Marcelino de Champagnat, ubicado en la Colonia San Juan de Aragón, se manifestaron en la calle.

“Los padres de familia lastimados por la agresión sexual de sus hijos, en un acto de protesta, decidieron bloquear por cinco horas la vialidad de las Avenidas 412 y Loreto Favela, habiendo recibido como respuesta no la comprensión de las autoridades ni la reacción inmediata de procurar justicia a los agraviados en aras del interés superior del menor, sino que recibieron el brutal desalojo de policías de granaderos, quedando varias personas heridas”.

Un tercer incidente, agregó el legislador, se suscitó la noche y madrugada de los días 11 y 12 de noviembre del año en curso tras una persecución policíaca a unos presuntos delincuentes por el asalto a una gasolinera, al menos unos 500 elementos de seguridad pública ingresaron a la Colonia San Juan Ixhuatepec, en el Municipio de Tlalnepantla, Estado de México, a ocasionar una serie de destrozos a bienes particulares, introduciéndose a domicilios sin orden judicial, así como dedicándose a golpear a vecinos del poblado, lo que ocasionó que al día siguiente vecinos de dicho poblado bloquearan la autopista México-Pachuca, provocando una serie de disturbios que culminaron con la intervención de la Policía Federal.

Por lo anterior, el diputado Miguel Ángel Álvarez Melo planteó es importante que la autoridad responsable debe dar a conocer al Congreso sobre qué criterios de legalidad, racionalidad, congruencia, oportunidad y proporcionalidad empleó en los acontecimientos mencionados.

“Debe informar también los motivos que tuvo para haber emprendido ese despliegue de fuerza, si hubo alguna fuerza, alguna que tuvo que cumplimentar, si previno la comisión de alguna conducta ilícita, si protegió o defendió algún bien jurídico tutelado por la ley, si empleó algún método de persuasión o disuasión verbal o bien si utilizó algún tipo de armas”.

Es indispensable conocer, concluyó, si con el deslinde de responsabilidades solicitado, la Secretaría de Seguridad Pública cuenta ya con una investigación por los abusos policíacos antes descritos, así como un censo de víctimas y algún programa de indemnización como lo garantiza la constitución política local tendiente a garantizar el derecho a la reparación integral a las personas que salieron afectadas por los atropellos cometidos por la policía.

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