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TRABAJO LEGISLATIVO

INQUIETUDES DE LAS BANCADAS SOBRE PADRONES

DE BENEFICIARIOS EXPRESAN EN COMPARECENCIA

  • De la titular de la Secretaría de Bienestar, María Luisa Albores

  • La cuestionaron sobre los Servidores de la Nación y sus salarios

 


CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la comparecencia de la titular de la Secretaría de Bienestar, María Luisa Albores González, diputados de todos los grupos parlamentarios expresaron sus inquietudes sobre padrones de beneficiarios y las políticas que implantará la dependencia federal para abatir rezagos.

Al iniciar la segunda ronda de pregunta-respuesta-réplica, la diputada Abril Alcalá Padilla (PRD) señaló que los padrones de los programas sociales no se han hecho públicos como lo manda la ley; se ha dicho que están en la página de Internet de la Secretaría de Bienestar, pero no es así, pues sólo se ubica un padrón incompleto del programa de Apoyo a las y los niños, hijos de madres trabajadoras, así como una hoja de Excel con datos estadísticos de los estados de la República, pero no son los padrones.

Inquirió por qué los delegados estatales de programas para el desarrollo o súper delegados actúan violando de forma sistemática la Constitución y la ley, al presentarse en las casas “como enviados del licenciado López Obrador y entregan los apoyos de su parte realizando una ilegal promoción personalizada tanto del Presidente como de cada uno de ellos”.

Óscar Bautista Villegas, diputado del PVEM, mencionó que hablar de bienestar y no enfatizar en el rubro de infraestructura social sería un grave error, pues parte fundamental de los trabajos que se consolidan en la política social están encaminados a mejorar las condiciones materiales y estructurales donde la propia población se desenvuelve.

Precisó que el Fondo de Aportaciones Sociales no es un programa creado por la actual administración. En esta circunstancia, preguntó, ¿cuáles son los principales cambios que se han llevado a cabo en su implantación? Y ante la política de austeridad mediante la cual se rige la actual administración, ¿cuáles serán las medidas que se adopten para que el rubro de infraestructura no se vea afectado con los recortes presupuestales?

La diputada Adriana Paulina Teissier Zavala (PES) celebró el cambio en la visión del gobierno de la política de desarrollo social a la del bienestar de la gente. Sin embargo, dijo, “nos siguen preocupando los más de 50 millones de pobres en este país y los 10 millones en pobreza extrema. Nos preocupan las necesidades de los sectores sociales más desprotegidos, las niñas y niños, los adultos mayores, los pueblos indígenas y las personas con discapacidad”.

Añadió que otorgar apoyos directos nunca alcanzará para cubrir la alta marginación que se heredó de los anteriores gobiernos. Preguntó sobre las políticas que se tienen diseñadas para implantar en el mediano plazo, en los casos en que confluyan dos criterios: de rezago y abandono, principalmente, a la atención a las mujeres desprotegidas, indígenas y las que padecen alguna discapacidad.

La diputada Martha Angélica Zamudio Macías (MC) señaló que el programa 3X1 para migrantes ha beneficiado a las comunidades emisoras en México y permitió la cooperación de las y los mexicanos en Estados Unidos. Preguntó cómo se ha ejercido este programa este año y por qué no se le asignan recursos para el Presupuesto de 2020.

Asimismo, inquirió acerca del Censo de Bienestar y en qué condiciones se llevó este levantamiento, ya que este padrón fue fundamental para asignar los recursos de la secretaría a las poblaciones más necesitadas; sin embargo, “aún se desconoce la forma en que fue levantado y por qué personas”. Además, por qué “no se ha transparentado la metodología.

Del PT, la diputada Margarita García García dijo que es necesario que los programas de la secretaría tengan reglas claras que permitan su operación con la mayor eficacia y eficiencia posible, para que los beneficios lleguen a las personas que lo necesitan. Y preguntó: ¿qué está sucediendo con las niñas y niños que quedaron huérfanos por causa de feminicidios?

Afirmó que los integrantes de su bancada apoyan el proyecto del Presidente de la República; no obstante, esto no significa que solaparán y callarán las injusticias y corrupción. “Queremos mayor vigilancia y transparencia en los estados y que quienes incurran en actos de corrupción y no se conduzcan con humildad, transparencia y atención, inmediatamente se les dé de baja”.

La diputada del PRI, Cynthia Iliana López Castro subrayó que no hay datos concretos de un padrón de beneficiarios y solicitó que se pueda poner en orden. Preguntó cuál es el catálogo de las zonas prioritarias, “porque se está haciendo la entrega de los programas sociales, pero no sabemos la zona”. Asimismo, cuánto cuesta a la dependencia la operación de los servidores de la nación y cómo evitar el proselitismo político.

También del PRI, el diputado Eduardo Zarzosa Sánchez estimó que es indispensable acelerar el ejercicio de los recursos destinados para luchar contra la pobreza y la marginación, contar con datos concretos que permitan medir su avance real, así como un listado de beneficiarios confiable que posibilite su identificación y revisar los casos en los que se han reportado retrasos en la entrega de los apoyos. Preguntó cuáles son los principales programas de atención a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

El diputado José Ramón Cambero Pérez (PAN) afirmó que la política social es asistencialista, centralista y desconfiada, porque dar dinero es una visión asistencial y “pareciera que hay un objetivo de generar clientela política en el fondo de estos programas”.

Su compañero de bancada, Carlos Castaños Valenzuela, reiteró que en el PAN se oponen a la desaparición del Programa de Estancias Infantiles “y no vamos a claudicar; eso es lo que ustedes quisieran”, porque no solo se afecta a niñas y niños, también a madres y padres trabajadores. “Más de un millón de madres trabajaron gracias a este programa, mismas que hoy viven con miedo por no saber qué va a suceder con sus hijos”.

De Morena, la diputada Claudia Yáñez Centeno aplaudió el esfuerzo del gobierno de la República, del sector privado y social para que el país tenga condiciones de mayor dignidad, igualdad y oportunidades. “Nuestro deber en la Cámara de Diputados es velar para que los programas sociales lleguen de manera oportuna a quienes más lo necesitan”. Denunció que algunos delegados o coordinadores federales manipulan los recursos destinados a los más pobres, entre ellos la delegada de Colima, denunció.

También de Morena, la diputada Olegaria Carrazco Macías afirmó que los mecanismos con los que se opera actualmente no sólo dan muestra de una alineación objetiva, sino que ideológicamente se asumen como la piedra angular para trasladar bienestar a quienes por sus condiciones de vulnerabilidad más lo necesitan. “En este gobierno no se tolerarán las corruptelas y los moches”.

En su respuesta, la secretaria de Bienestar, María Luisa Albores González, afirmó que en el caso de los padrones de beneficiarios, sólo está el Programa Único de Beneficiarios (PUB), que es una herramienta que contiene información de los beneficiarios de los programas de Bienestar, su integración recae en esta dependencia, de acuerdo al artículo 16 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social, y su integración puede ser mensual, bimestral, trimestral, semestral y anual, dependiendo de la función de cada programa.

Para este año se integraron aproximadamente 40 padrones de beneficiarios de los gobiernos, federal y estatales, y la información está publicada en la página oficial de la Secretaría de Bienestar y se actualiza trimestralmente. La última va de enero a agosto del 2019, e incluye el padrón de 15 programas integrales de Bienestar. La página:beneficiarios:https://.bienestar.gob.mx/spp/resumenes/padronpid.jsp.

Los padrones difundidos por la dependencia son: Apoyo para el bienestar de las niñas y niños hijos de madres trabajadoras; pensión para el bienestar de las personas adultas mayores; Pensión para el bienestar de las personas con discapacidad permanente y, Sembrando vida.

Resaltó que “este gobierno tiene la firme intención de eliminar el uso electoral de los programas, lo que nos distingue de otras administraciones”. Recalcó que “es nuestro compromiso no lucrar con la pobreza, y hemos realizado acciones para prevenir, evitar y sancionar dicha situación”.

Agregó que está en proceso de diseño el reglamento interior de la dependencia, a partir del cual se formalizará la estructura administrativa de las delegaciones, y hoy operan conforme a las funciones señaladas en el acuerdo por el que se emiten los lineamientos que regulan las actividades de las delegaciones de programas para el desarrollo, publicada el 18 de julio de 2019.

Dependen de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo y no de la Secretaría de Bienestar. Se prevé incorporar los módulos de atención, los centros integradores, y el personal de campo, los Servidores de la Nación, los cuales hoy están contratados por el régimen de honorarios.

Sobre el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), expresó que en 2019 se le asignaron 83 mil 181 millones 605 mil 577 pesos, que representan más de 9 mil millones de lo presupuestado al ejercicio fiscal anterior. De la cifra total, 10 mil 82 millones 818 mil 166 pesos son para las entidades federativas y 73 mil 98 millones 787 mil 411 pesos a municipios y demarcaciones.

Mencionó que aunque el avance del ejercicio del FAIS ha sido lento, se tiene la certeza que ya no habrá corrupción en su asignación. Por eso “hemos cambiado los protocolos y la forma de integrar los proyectos”. Se publicó el informe anual de pobreza el 30 de enero de 2019. Ya se actualizaron los lineamientos el 12 de julio de 2019 y se incluyeron nuevos conceptos en el catálogo del FAIS.

Reconoció que en la actualidad las entidades federativas, los municipios y alcaldías aún tienen dificultades técnicas para remitir sus proyectos a la Secretaría de Bienestar, lo que ha retrasado su ejecución. Empero, “estamos a tiempo para que se puedan comprometer y ejercer los recursos programados. Se dará todo el asesoramiento a estados y municipios para cagar los proyectos, pero también realiza la supervisión y revisión para dar cumplimiento a la normatividad vigente”.

Albores González precisó que respecto de las Estancias Infantiles, el 31 de marzo de 2019 se notificó la recomendación de la CNDH, y la Secretaría de Bienestar, debido al cambio de las reglas de operación, “no aceptamos dicha recomendación”.

Lo anterior, porque no se violan los derechos laborales de las madres trabajadoras, sino que les permite continuar pagando una estancia o, en su caso, un cuidador del hogar. Ellas son responsables de sus niñas y de sus niños. Tampoco se violan los derechos económicos, sociales y culturales de las y de los menores, “estos se garantizan, pero ahora con una mayor cobertura para llegar a un mayor número gastando menos que en los programas anteriores”.

Respecto del programa 3x1 para Migrantes, la funcionaria explicó que apoya iniciativas de organizaciones de migrantes para impulsar proyectos de coinversión que contribuyeran al desarrollo de las localidades de origen. Los gobiernos estatales y municipales realizaban también aportaciones.

Comentó que en 2019 se le asignó un presupuesto de 209.4 millones de pesos, el cual se transfirió directamente al Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural. Actualmente los programas de vinculación y apoyo a migrantes mexicanos los lleva el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

En relación con el Censo de Bienestar, informó que lo realizaron los Servidores de la Nación, quienes están a cargo de los delegados, y éstos bajo la Coordinación General de Programas para el Desarrollo.

La secretaria aclaró que el Consejo Nacional de Población (Conapo) es quien define el grado de marginación y la secretaría utiliza esta información para dirigir los programas de bienestar. El Padrón Único de Beneficiarios es una herramienta que contiene información de los favorecidos de los programas integrales de bienestar; su integración recae en esta dependencia, aseveró.

Detalló que para este año se integraron aproximadamente 40 padrones, que son los programas que ya se están trabajando, y en ese sentido hay beneficiarios del gobierno federal y estatal. La información está publicada en la página oficial de la Secretaría de Bienestar.

En el caso de los Servidores de la Nación, explicó que son prestadores de servicios honorarios, autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en ejercicio de sus atribuciones, dependiendo funcionalmente de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo.

La secretaria de Bienestar, María Luisa Albores, dijo que continúan trabajando con el Programa de Seguro de Jefas de Familia, para el caso de las huérfanas y huérfanos por feminicidios.

Subrayó que el gobierno tiene la firme intención de eliminar el uso electoral de los programas. Reiteró que la nueva política social se hace sin intermediarios y va directamente a quienes participan en los programas.

Enfatizó que ante las denuncias realizadas respecto de las delegaciones de programas para el desarrollo en los estados de Colima y Tamaulipas, se recibieron también quejas de posibles actos de proselitismo, por lo que ya se notificó al órgano interno de control, así como a la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, con la finalidad de que tomen las acciones legales pertinentes.

“Soy la primera interesada en que estas situaciones se esclarezcan, y como hemos mencionado en varias ocasiones, no vamos a tolerar que se lucre con la pobreza ni se abuse de la confianza que se ha depositado”.

Insistió en que cuando fueron oposición enfrentaron y padecieron fraudes electorales por lo que, por ningún motivo, “actuaremos de la misma manera; no es congruente, moral, ni legal mantener estas deleznables prácticas políticas; nada de partido de Estado”.

Pidió abstenerse de actuar, en su carácter de funcionarios públicos, en asuntos partidistas y reiteró que está prohibido utilizar bienes, imágenes, programas sociales o cualquier otro recurso público destinado exclusivamente al beneficio de los ciudadanos.

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