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TRABAJO LEGISLATIVO

DEMANDAN LEGISLADORES MEJORAR LA

SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

  • Grúas, corralones, fiscalía y policía son delincuencia organizada

  • Que extorsiona a automovilista y transportistas en la entidad

 


TOLUCA, MEX.- Las diputadas de morena en la 60 Legislatura estatal Montserrat Ruiz Páez y Liliana Gollas Trejo demandaron mejorar el tiempo de respuesta en las alertas de robo a las unidades del transporte público y trabajar por una movilidad que propicie salud, seguridad, tiempo y calidad de vida, en tanto que, por el PRI, la legisladora Iveth Bernal Casique apuntó que para mejorar la seguridad de usuarios y choferes deben intensificarse las acciones y estrategias implementadas.

En la comparecencia del secretario de Movilidad, Raymundo Martínez Carbajal, con motivo del Segundo Informe de Gobierno, los legisladores Javier González Zepeda (PAN), María de Lourdes Garay Casillas (PES) también expusieron su preocupación por la inseguridad que se vive en el transporte público.

El legislador del PT, Francisco Solorza Luna cuestionó la aplicación del modelo neoliberal en el sistema de transporte público, mientras que Araceli Casasola Salazar (PRD) señaló que es al Estado al que le corresponde garantizar un servicio seguro y eficiente y el diputado Juan Carlos Soto Ibarra consultó sobre las acciones para implementar el plan integral de movilidad sustentable, particularmente en la zona oriente de la entidad.

Para Montserrat Ruiz, la movilidad es básica para el funcionamiento de la sociedad y puso en duda la instauración de un programa de ecobicis en la zona oriente del estado, cuestionando si no sería mejor regularizar los más de 30 mil mototaxis. Señaló que el reordenamiento del transporte no avanza, que no se ha extendido el uso de nuevas tecnologías y que prevalece la burocracia en la secretaría, por lo que se pronunció por una evaluación del personal de la dependencia para mejorar el servicio y advirtió la necesidad de una nueva Ley de Movilidad para la entidad.

Liliana Gollas, quien reconoció que se llevan a cabo acciones para atender la movilidad, apuntó que resulta imperativo garantizar el derecho a la vida a los usuarios del transporte público. Llamó a seguir por la ruta de la coadyuvancia interinstitucional y entre poderes para garantizar un servicio eficiente y seguro a los mexiquenses.

Iveth Bernal apuntó que en el Estado de México alrededor de cuatro millones de personas utilizan diariamente el transporte público por lo que el reto es que el transporte satisfaga las necesidades de los usuarios y sea seguro. Al recordar que ya hay unidades que cuentan con cámaras de videovigilancia, GPS y botones de pánico, consultó si se ha reducido la incidencia delictiva y si se cuenta con medidas adicionales contra el robo y otros ilícitos.

Francisco Solorza puntualizó que este asunto requiere atención integral, y que la profesionalización y certificación de operadores, así como el ordenamiento de las concesiones han sido insuficientes. Pidió que a las compañías que operan con plataformas digitales se les pidan los mismos requisitos que a los concesionarios tradicionales, apoyo para quienes no se han podido regularizar y preguntó si es viable una licencia permanente de manejo en la entidad. Criticó la presencia de los concesionarios del servicio de grúas en los alrededores de la sede legislativa, “para darle las gracias al secretario”.

Para el diputado Javier González Zepeda (PAN), el Estado debe velar por la movilidad como un derecho humano, pero en la entidad se observa caos vial, mala planeación de las rutas e inseguridad. Señaló que los concesionarios están inconformes con las plataformas digitales y cuestionó si se llevarán al orden a los concesionarios del servicio de grúas. Adicionalmente, interrogó al servidor público sobre la situación del ordenamiento a partir de la Gaceta del 20 de marzo de 2018 y las acciones para un transporte rosa.

La legisladora Araceli Casasola acotó que la inseguridad en el transporte público afecta en particular a las mujeres, que son la mitad de los usuarios. Señaló que el tema “ya es político” y también criticó la presencia de concesionarios del servicio de grúas. Al afirmar que para los usuarios los costos del transporte son altos y el servicio de mala calidad y para los concesionarios no es rentable, preguntó por un eventual aumento a las tarifas.

La legisladora Lourdes Garay acusó que no se está garantizando el derecho a la movilidad de los mexiquenses y que el informe no responde a lo que se vive en las calles. Dijo que, pese a que ya hay unidades con equipos de seguridad, esto no ha impactado porque el internet con el que funcionan no alcanza todas las regiones y el personal de monitoreo no atiende debidamente. Preguntó sobre acciones para ordenar a los concesionarios del servicio de grúas y digitalizar los trámites de la secretaría, que son tardados y engorrosos.

Para el diputado Juan Carlos Soto, las políticas de movilidad en la región oriente son insuficientes, se observa una incapacidad institucional para ordenar las concesiones y este esquema ha sido rebasado. Cuestionó qué acciones se consideran para cuando el metro funcione en esa región y si hay planes para que los usuarios gasten menos en transporte, ya que destinan hasta 40% de su ingreso cuando lo recomendable es un 6% en promedio.

En su intervención, el secretario Martínez Carbajal, quien previamente rindió ante el presidente de la Directiva, diputado Nazario Gutiérrez Martínez, la protesta legal de conducirse con verdad, afirmó que el gobierno de Alfredo del Mazo Maza impulsa un nuevo modelo de movilidad sustentable y políticas públicas para transitar a sistemas integrados de transporte público que ofrezcan un servicio articulado, eficiente, sostenible, seguro y con perspectiva de género, que garantice calidad, accesibilidad, inclusión y cobertura.

Agregó que cerca de 100 mil concesiones son regulares y adelantó que para 2020 podrían completarse las restantes, que son aproximadamente 80 mil. Detalló que en los dos años de este gobierno se han sustituido más de 38 mil unidades con la colaboración de los concesionarios y que junto con la Secretaría de Seguridad, la Fiscalía General de Justicia y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México se realizaron 384 operativos, en los que se revisaron más de 11 mil unidades y se retiraron de circulación más de 5 mil vehículos que no cumplían la normatividad.

Después de manifestarse a favor de una nueva Ley de Movilidad que contenga las propuestas de los legisladores, los transportistas y la propia secretaría, admitió que el tema del servicio de grúas es complejo y que debe resolverse, al tiempo que precisó que en la entidad operan unos 60 depósitos de vehículos, de los cuales sólo cinco son regulares. El resto, afirmó, se están verificando.

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